“La policía vació las pertenencias de las viviendas en las calles y empezó
a derribar las casas” denunció Marcial Gómez, dirigente campesino de la
Federación Nacional Campesina (FNC).
Eran las 4:00 de la madrugada del 27 de diciembre, después de navidad y poco
antes de año nuevo, unos 400 policías rodearon la Cuarta Línea de la colonia
estatal Guahory, a 300 km de Asunción. Atropellaron a las 35 familias que viven
ahí, sacaron a todas las mujeres y niños a las calles y apresaron a todos los
varones que pudieron.
Varias familias de la colonia forman parte de la Federación Nacional Campesina
(FNC) y relataron que los policías vinieron de sorpresa, que no hubo ninguna
sola notificación por escrito ni oral de ningún agente estatal. Y que en la
entrada misma tractores de productores sojeros ya empezaron trabajos de
fumigación.
Gómez denunció que hoy la colonia Guahory esperaba un equipo de
técnicos del Instituto de la Tierra (INDERT) para identificar unos 30 lotes en
condiciones legales de recuperar para la reforma agraria y reubicar en ellas a
las familias, sin embargo fueron 400
policías, que desalojaron a 35 familias sin orden judicial.
“Ese fue el compromiso del presidente del ente estatal, Justo Cárdenas,
cuando el 15 de diciembre pasado nos reunimos. También ese día se
firmó un compromiso mutuo de que no se generarían nuevos hechos de violencia”
aclara Gómez.
Entonces, además, se firmó un pacto de reubicación de una minoría de familias
de Guahory a otras tierras, con el compromiso de que abandonen el lugar.
Las 35 familias desalojadas se refugiaron en el local de la escuela de
Cuarta Línea.
Más desalojos, más lejos de una solución estructural
Durante los dos desalojos ilegales de la colonia campesina Guahory en 2015
y 2016 el Estado paraguayo -administrado por el gobierno de Horacio Cartes-
encabezó operativos irregulares que atropellaron múltiples derechos de las 200
familias agricultoras del lugar. (VER UN INFORME ESPECIAL SOBRE EL
TEMA)
La práctica de los desalojos sin orden judicial y con destrucción de
vivienda forma parte central de una política de criminalización de familias
campesinas que demandan derechos económicos y sociales, expresa por eso la
Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) en su informe anual
presentado recientemente.
También forma parte de una política clara de expulsión de familias
campesinas de tierras del Estado para abrir el paso al tractor del modelo
sojero-ganadero en Paraguay.
La operación incluye un intento de borrar todo indicio material de derechos
de posesión adquiridos por las familias agricultoras, por eso vemos la
destrucción de viviendas, cultivos, pozos de agua y demás.
Asunción, 27 de diciembre de 2016 (BASEIS)
