Acceso al trabajo, actividades
domésticas, doble jornada laboral, roles sociales, violencia, acoso,
feminicidio son factores de una realidad donde la mujer es la más vulnerable.
La forma y la definición social de cómo ser mujer y cómo ser hombre son parte
de las “diferencias de género” que se construye y aprende en la sociedad. Desde
pequeñas, las mujeres reciben “cátedras” de lo que el ámbito social espera de
ellas. Selva Etcheverry es asesora de la
comisión de equidad y género de la cámara de diputados y el último fin de
semana habló sobre género antes de adentrarse a la Ley Integral de protección a
las mujeres contra todo tipo de violencia en Ayolas.
Selva dijo que todas las personas
tienen miedo a muchas cosas, sin embargo las mujeres tienen mucho más, sólo por
el hecho de ser mujer, miedo a que alguien las toque, miedo a ser acosadas. Ese miedo hace que todo el tiempo
las familias adviertan a sus hijas sobre lo que puede pasarlas si salen a las
calles, porque la sociedad es mucho más violenta con las mujeres, sin embargo
se naturaliza. En Paraguay, cada 13 días una mujer es asesinada por su propia
pareja.
En el 2012, una estadística
reveló enormes cantidades de “homicidios” donde 1 de cada 2 mujeres fueron asesinadas
por sus parejas. Mientras 1 de cada 10 hombres también fueron asesinados por
sus parejas, pero el número sigue aumentando en las mujeres.
El acompañamiento del estado es
sumamente importante para la atención y prevención a los casos de violencia, la
propuesta es contar con una Ley de Protección Integral a las mujeres. Una ley
que sancione situaciones de violencia de
género. Selva cuenta que la cámara de diputados recortó la última vez la
parte penal. Ahora pasa a la cámara de senadores, hasta el 23 de noviembre. Las
organizaciones de mujeres y colectivos buscan que la ley realmente permita
dirigir acciones y cambios en la sociedad; y modificar lo aprobado en la cámara
de diputados.
Candela Digital publicaba el mes pasado el
tratamiento de la ley de protección integral a las mujeres, más conocida como
la ley “Por ellas” hace un mes la Cámara de Diputados aprobó la ley impulsada
por la diputada Rocío Casco, un grupo de organizaciones y el Ministerio de la
Mujer. El texto aprobado por el plenario fue el proyecto modificado por la
Comisión de derechos humanos, que altera al original en aspectos centrales.
Además de la conciliación con el agresor, se elimina la palabra
"género" no sólo identidad de género, incluyendo aspectos
sustanciales para la evaluación de la aplicación, como indicadores. Ahora
con media sanción de la Cámara de diputados, pasa para su estudio a Senadores.
Entre los principales artículos cambiados
se propone la conciliación como función del ministerio de la mujer, codenis,
juzgados y la policía, cuando esta figura es rechazada por las organizaciones
que trabajan la violencia de género, sabiendo lo que implica para las mujeres
tener que enfrentar la conciliación con el agresor.
Entre los aspectos positivos se cuenta con
una definición de violencia y discriminación contra las mujeres conforme a la
Convención de Belem do Para y de la CEDAW respectivamente. Se reconoce la
violencia contra la mujer en diferentes ámbitos, además de la
familiar, incorpora la comunitaria, institucional en el marco del Estado,
perpetrada o tolerada por este. Se incluyen definiciones sobre la violencia
mediática, política, laboral, contra los derechos reproductivos, física y
psicológica. Quedó el feminicidio, con una remisión expresa al código
penal.
Por otra parte, en la ley se dan
responsabilidades a diferentes instituciones públicas, como el caso de las
Gobernaciones que tendrán a su cargo crear los albergues para las mujeres
víctimas de violencia, en las cabeceras departamentales y la implementación del
registro único de violencia.
Se eliminó el capítulo de procedimientos
de las medidas de la protección que ampliaba las establecidas en la ley 1600,
quedando sin acciones o mecanismos para garantizar que el derecho se cumpla.
Elimina la responsabilidad de los
funcionarios públicos cuando incumple la ley, artículo 106 de la Constitución
Nacional y lo deja en sanciones administrativas para funcionarios. Además
se sacó el beneficio de litigar sin gastos a mujeres víctimas de
violencia pobres.
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