Foto: Frederic Hayen- Fundación de la Red de Mujeres del Sur
La Cámara de Diputados aprobó
la ley de protección integral de las mujeres, más conocida como la ley
“Por ellas” impulsada por la diputada Rocío Casco, un grupo de organizaciones
y el Ministerio de la Mujer. El texto aprobado por el plenario fue el proyecto
modificado por la Comisión de derechos humanos, que altera al original en
aspectos centrales. Además de la conciliación con el agresor, se elimina la
palabra "género" no sólo identidad de género, incluyendo
aspectos sustanciales para la evaluación de la aplicación, como indicadores. Ahora con media sanción de la
Cámara de diputados, pasa para su estudio a Senadores.
Entre los principales artículos cambiados se
propone la conciliación como función del ministerio de la mujer, codenis,
juzgados y la policía, cuando esta figura es rechazada por las organizaciones
que trabajan la violencia de género, sabiendo lo que implica para las mujeres
tener que enfrentar la conciliación con
el agresor.
Entre los aspectos positivos se cuenta con una
definición de violencia y discriminación contra las mujeres conforme a la
Convención de Belem do Para y de la
CEDAW respectivamente. Se reconoce la violencia contra la mujer en diferentes ámbitos, además de la familiar, incorpora la comunitaria, institucional en el
marco del Estado, perpetrada o tolerada por este. Se incluyen definiciones
sobre la violencia mediática, política, laboral, contra los derechos reproductivos, física y psicológica. Quedó el feminicidio, con una
remisión expresa al código penal.
Por otra parte, en la ley se dan
responsabilidades a diferentes instituciones públicas, como el caso de las
Gobernaciones que tendrán a su cargo crear los albergues para las mujeres
víctimas de violencia, en las cabeceras departamentales y la implementación del
registro único de violencia.
Se eliminó el capítulo de procedimientos de las
medidas de la protección que ampliaba las establecidas en la ley 1600, quedando
sin acciones o mecanismos para garantizar que el derecho se cumpla.
Elimina la responsabilidad de los funcionarios
públicos cuando incumple la ley, artículo 106 de la Constitución Nacional y lo
deja en sanciones administrativas para funcionarios. Además se sacó el beneficio de litigar sin gastos a
mujeres víctimas de violencia pobres.
